El acceso a las bibliotecas públicas es un derecho universal. Todas las personas pueden hacer uso de sus servicios, pero no siempre se les facilita esta condición. Pese a la importancia de las bibliotecas, no todos los municipios cuentan con una, siendo el medio rural el más castigado. Esto no hace más que privar a sus habitantes, no solo del acceso a la lectura de libros, sino también de disfrutar de actividades culturales o simplemente de acceder a información confiable. En resumen, en teoría todas las personas tienen derecho de acceso a la biblioteca, pero la práctica es otra historia.

Las bibliotecas no tienen fronteras ni condiciones que las hagan inaccesibles más allá de la lejanía de sus ubicaciones. Es verdad que con Internet se facilita el acceso a las bibliotecas al eliminar las distancias, pero no puede considerarse como solución universal ante lo que se considera un derecho de las personas. A modo de parche puede valer, pero el acceso en línea no es sustituto del acceso presencial en el que el trato humano y directo entre personas facilita el entendimiento. Suerte de la presencia de los bibliobuses y distintas bibliotecas móviles que realizan un trabajo ímprobo por el medio rural. Labor digna de reconocimiento y agradecimiento (incluso de alabanza).

Para que la teoría y la práctica casen, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Cultura y Deporte (entre otras entidades) se han juntado en una jornada profesional en Urueña para esbozar un borrador sobre el compromiso de llevar las bibliotecas y la lectura al medio rural. Para ello, y tal y como señalan en el «Primer borrador. Compromiso de Urueña sobre la lectura en el medio rural», una de las propuestas sería la modificación de la obligatoriedad de los municipios a tener una biblioteca pública, bajando los habitantes de 5.000 a 500. Es decir, que haya bibliotecas públicas en todos los territorios y que en aquellos que no haya por índice poblacional, que haya un bibliobús para servir a sus habitantes. Por cierto, este documento está abierto a las aportaciones y propuestas de los participantes en las jornadas. También destaca el documento la importancia del personal bibliotecario para la gestión de las bibliotecas (servicios, recursos y actividades), así como el trabajo en red entre bibliotecas y la dotación de recursos económicos y materiales que garanticen la viabilidad.

Este primer documento destaca compromisos como el trabajo porque se respete la lectura como derecho y reivindica las bibliotecas como servicios públicos de proximidad, universales y gratuitos y los bibliobuses como la opción para llegar donde no pueda establecerse una biblioteca.

Conoce las distintas propuestas para llevar la lectura y las bibliotecas al medio rural

  1. La lectura es un derecho de todas las personas, cualquiera que sea el lugar donde vivan. Forma parte sustantiva de los derechos que conforman ese más amplio que llamamos derecho a la cultura, y los derechos culturales son derechos humanos fundamentales, que han de garantizarse a todas las personas en condiciones de igualdad.
  2. Las bibliotecas públicas son servicios públicos de proximidad, universales y gratuitos. Ofrecen a toda la ciudadanía, sin distinción, acceso a la emoción, a la información, a la educación, a la cultura y al conocimiento, de la mano de profesionales que acompañan, orientan, forman y capacitan a sus vecinos y vecinas. Por eso son fundamentales y han de estar presentes en todos los territorios.
  3. Allá donde no pueda proveerse una biblioteca pública, han de llegar los bibliobuses y otros servicios de biblioteca móvil.
  4. Es necesaria la ampliación de la obligación de los poderes públicos de dotar de biblioteca pública a todos los municipios, también en los pequeños y dispersos en el territorio. Más del 96% de las bibliotecas públicas en España son municipales. De los 8.131 Municipios existentes en España, la mayor parte de ellos ofrecen servicio de biblioteca pública, muchos por debajo del umbral de los 5.000 habitantes en el que la actual LRBRL establece esta obligación. Son pocos los que aún no la tienen. Es necesario universalizar las bibliotecas públicas en España y dotarlas de recursos presupuestarios que garanticen su viabilidad. Los Gobiernos Locales precisan disponer de la financiación suficiente y adecuada para este fin.
  5. Llevadas por profesionales que garanticen un servicio público de calidad, deben poder ofrecer actividades que llenen de vida las bibliotecas y las bibliotecas, de vida a sus comunidades: clubes de lectura, encuentros con autores y autoras, lecturas en voz alta, préstamo fuera de sus edificios (a centros de salud, colegios, piscinas, espacios públicos…), encuentros intergeneracionales, cuidado de la memoria y la tradición local, acciones que capaciten y formen a su comunidad: talleres, tertulias, etc. Porque las bibliotecas son servicios y espacios que acogen e impulsan, mejoran la vida de las personas, la enriquecen, hacen comunidad y son espacios de igualdad, equidad, bienvenida e inclusión, recursos poderosos para la sostenibilidad y la cohesión social, para la convivencia y la emancipación de las personas.
  6. El trabajo en red de las bibliotecas procura formación, coordinación en la acción y multiplicación de recursos para un mejor servicio a la ciudadanía. Han de dotarse para que su acción alcance todo su potencial, más allá del compromiso vocacional de las personas que animan esas redes.
  7. Bibliotecarias y bibliotecarios son los profesionales de las bibliotecas públicas. Las administraciones hemos de reconocerlos y dotarlos de los recursos necesarios para el desarrollo de su labor, vital para las comunidades en que la despliegan. Son los mediadores entre la creación, la industria editorial, las fuentes de información y conocimiento y las y los lectores y toda la ciudadanía.

Fuentes: Federación Española de Municipios y Provincias | Shutterstock |