Una persona privada de libertad pierde la posibilidad de desplazarse libremente, pero no por ello deja de necesitar libros, información, educación y cultura. Las bibliotecas penitenciarias existen para facilitar ese acceso en un entorno donde muchas decisiones cotidianas dependen de normas, horarios y autorizaciones. Su función no debería explicarse únicamente por lo que la lectura pueda aportar a la reinserción. Leer puede ser estudiar, informarse, disfrutar de una novela, conocer otras ideas o, simplemente, elegir qué hacer con el propio tiempo. La cuestión es cómo garantizar esas posibilidades cuando no se puede entrar en una biblioteca pública.

Dentro de los centros penitenciarios, una biblioteca puede ofrecer mucho más que literatura. A través del préstamo, la consulta y las actividades culturales, puede poner al alcance de las personas internas materiales educativos, información jurídica, revistas, recursos para aprender idiomas o propuestas de lectura y escritura compartidas. Pero no conviene imaginar un servicio idéntico en todas las prisiones. Su funcionamiento depende de los recursos disponibles, la organización del centro, la preparación de quienes lo atienden y la colaboración con entidades externas. Detrás de una colección útil hay decisiones profesionales que no siempre se ven desde fuera.

Por eso, hablar de estas bibliotecas es hablar también de derechos culturales y de responsabilidad pública. ¿Qué papel pueden desempeñar las bibliotecas para garantizar el acceso a la lectura cuando las personas no pueden acudir libremente a ellas? La respuesta pasa por reconocer lo que ya existe, identificar las dificultades de su gestión y observar experiencias que conectan las prisiones con bibliotecas públicas, administraciones y profesionales de la cultura. No se trata de llevar libros de vez en cuando, sino de ofrecer un servicio que pueda mantenerse y responder a necesidades reales.

Leer también es un derecho dentro de una prisión

En España, la existencia de bibliotecas penitenciarias no depende únicamente de la voluntad de cada centro. El artículo 57 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que cada establecimiento debe contar con una biblioteca adaptada a las necesidades culturales y profesionales de las personas internas. Además, reconoce la posibilidad de utilizar libros facilitados por servicios de bibliotecas ambulantes.

El Reglamento Penitenciario reconoce el derecho a utilizar los fondos, colaborar en la gestión y proponer adquisiciones. También regula el acceso a libros, periódicos y revistas, aunque contempla restricciones justificadas por razones de seguridad o tratamiento individualizado. Estas limitaciones deben ajustarse a los procedimientos establecidos. La cuarta edición de las pautas de la IFLA para bibliotecas penitenciarias, publicada en 2023, recuerda que las personas privadas de libertad mantienen su derecho a leer, aprender y acceder a información. La biblioteca, por tanto, no debería considerarse una actividad secundaria.

Una biblioteca penitenciaria necesita algo más que novelas

El préstamo de libros es probablemente el servicio más conocido, pero estas bibliotecas pueden ofrecer consulta, orientación bibliográfica, apoyo educativo, prensa, revistas y actividades culturales. Según el Informe General de Instituciones Penitenciarias de 2025, durante ese año 54 centros penitenciarios contaron, al menos durante algún periodo, con equipos de animación a la lectura. La media mensual de personas lectoras que utilizaron el préstamo bibliotecario fue de 15.522 y se registraron 107.800 lecturas en préstamo durante el año. Un dato especialmente interesante es que las obras relacionadas con materias legales y penitenciarias fueron las más leídas, destacando el Manual de Ejecución Penitenciaria, de Julián Carlos Ríos Martín, y el Código Penal. Esto recuerda que las bibliotecas penitenciarias no solo facilitan el acceso a la literatura, sino que también responden a necesidades de información jurídica y personal.

Acceder a información también forma parte del trabajo bibliotecario. Una persona interna puede necesitar legislación penitenciaria, materiales de formación, información sobre empleo, recursos educativos o explicaciones sobre servicios públicos. El acceso a Internet está condicionado por las características y normas de seguridad de cada centro. Aunque el Reglamento contempla puntos de acceso a redes de información desde 2022, su disponibilidad depende de las posibilidades técnicas y materiales. Por eso, disponer de documentación actualizada y ofrecer orientación resulta importante. Es una cuestión relacionada con el papel de las bibliotecas en el acceso a los trámites y servicios digitales, aunque dentro de una prisión las condiciones sean diferentes.

La gestión y las colecciones deben responder a necesidades diversas

Una buena biblioteca penitenciaria no se mide únicamente por la cantidad de libros que conserva. Necesita colecciones actualizadas, distintos géneros, materiales en varios idiomas, obras de lectura fácil y recursos adecuados a diferentes niveles educativos. También debe escuchar las propuestas de quienes utilizan el servicio. Las personas internas pueden participar en la selección de títulos, recomendar lecturas y colaborar en determinadas tareas bibliotecarias. Esa participación está reconocida en la normativa española.

Aquí aparece el trabajo profesional. Seleccionar, catalogar, organizar, renovar fondos y atender consultas requiere conocimientos bibliotecarios. Como comentaba en este artículo sobre las funciones del personal de bibliotecas, buena parte de estas tareas permanece poco visible. En 2025, la Generalitat de Catalunya publicó un programa marco para sus bibliotecas penitenciarias que aborda la gestión profesional, las colecciones, la participación y las necesidades de personal. También reconoce dificultades relacionadas con el espacio, los recursos y la organización. Las donaciones pueden ayudar, pero no sustituyen una política de adquisiciones. Y las restricciones de seguridad no deberían convertirse en una excusa para limitar injustificadamente la diversidad de ideas.

Pamplona muestra cómo mejorar una biblioteca mediante la colaboración institucional

Una experiencia interesante es la del Centro Penitenciario de Pamplona. En marzo de 2026, Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Navarra firmaron un nuevo convenio para mejorar sus servicios bibliotecarios, dando continuidad a la colaboración iniciada mediante un acuerdo de 2022. El documento recoge que, a septiembre de 2025, la biblioteca disponía de 17.595 ejemplares, aunque se consideraba necesario seguir actualizando la colección.

Lo interesante del convenio es que no se limita a entregar libros. Contempla asesoramiento y formación para el personal funcionario y las personas internas que trabajan en la biblioteca, adquisiciones periódicas, revisión de fondos y actividades culturales. También prevé talleres de lectura fácil, escritura creativa y encuentros con creadores. La selección de materiales debe tener en cuenta los criterios profesionales y las sugerencias de las personas internas. Es una manera de entender la colaboración como apoyo a un servicio bibliotecario estable, con responsabilidades compartidas y continuidad prevista.

El Bibliobús de León lleva la biblioteca pública al interior de una prisión

Una experiencia también interesante es la de los Bibliobuses de León y el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas. En septiembre de 2022, el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación provincial puso en marcha un proyecto para incorporar la prisión al recorrido de uno de sus bibliobuses. Desde entonces, el vehículo accede periódicamente al interior del centro para ofrecer servicios bibliotecarios a las personas internas. Se trata de una iniciativa pionera en España que, según confirmó la Diputación en enero de 2026, sigue formando parte de su actividad.

El servicio va más allá del préstamo de libros. Incluye recomendaciones lectoras, atención a las peticiones de los usuarios, materiales audiovisuales y actividades culturales. También pone a disposición del club de lectura del centro los fondos que los bibliobuses utilizan para este tipo de encuentros. Según explicó Roberto Soto, responsable de Bibliotecas de la Diputación de León, el servicio atiende especialmente las solicitudes de novedades y obras actualizadas. La atención presencial se dirige a personas internas de los módulos de respeto, lo que también muestra que el acceso debe adaptarse a las condiciones de organización y seguridad del centro.

Lo interesante de esta experiencia es que el bibliobús no sustituye a la biblioteca penitenciaria, sino que amplía sus posibilidades. Permite acceder a fondos renovados, recibir orientación profesional y participar en actividades que también se desarrollan en otros lugares de la provincia. Es una buena muestra de cómo la extensión bibliotecaria puede llegar a espacios donde las personas no tienen libertad para desplazarse hasta una biblioteca pública.

Los clubes de lectura conectan las prisiones con la actividad cultural exterior

En el mismo Centro Penitenciario de Pamplona encontramos otra experiencia documentada. El Club de Lectura Santa Lucía, vinculado a su escuela, celebró encuentros semanales durante el curso 2025-2026 alrededor de libros seleccionados mensualmente. Al finalizar las lecturas, participaron autores y autoras como Carlos Ollo, Patxi Irurzun, Laura Azcona y Estela Chocarro. El centro educativo anunció su intención de continuar el proyecto durante el curso siguiente. La conversación sobre una obra permite compartir interpretaciones y participar en una actividad cultural sin reducir la lectura a una obligación educativa.

Otro ejemplo es «Libros que saltan muros», impulsado en 2018 desde Soto del Real en colaboración con el Centro Penitenciario Madrid V. Su propuesta incluye un club de lectura mixto formado por usuarios de la biblioteca municipal y personas internas, con encuentros aproximadamente bimestrales, además de talleres desarrollados con la escuela de adultos CEPA Yucatán. La participación conjunta demuestra que una biblioteca pública puede extender sus actividades a personas que no pueden acudir a sus instalaciones.

También existen colaboraciones municipales de otro tipo. En Asturias, un convenio firmado en 2024 entre Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Llanera contempla un club de lectura con reuniones quincenales en la unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario. Estos ejemplos muestran distintas fórmulas de organización, aunque la existencia de un convenio no permite dar por realizada cada actividad prevista. Su interés está en incorporar la lectura compartida a una programación cultural coordinada.

La colaboración debe servir para mantener servicios bibliotecarios estables

Las bibliotecas públicas, universidades, asociaciones, editoriales, escritores y administraciones culturales pueden colaborar aportando materiales, formación, asesoramiento o actividades. En Cataluña, por ejemplo, la cooperación entre Cultura y Justicia ha permitido conectar las bibliotecas penitenciarias con servicios de apoyo del sistema de lectura pública, incluido el préstamo interbibliotecario.

Pero una actividad puntual no sustituye una biblioteca bien atendida. La continuidad requiere presupuesto, personal formado, colecciones útiles y coordinación con los equipos educativos y penitenciarios. También necesita evaluar qué servicios funcionan y escuchar a las personas que los utilizan.

Llevar la biblioteca hasta quien no puede acudir a ella

Las bibliotecas penitenciarias no tienen que justificar su existencia únicamente por su posible contribución a la reinserción. Facilitar el acceso a la lectura, la información y la cultura ya es una razón suficiente para defenderlas. Su trabajo exige adaptarse a un entorno complejo sin perder de vista los derechos de las personas.

Quizás una de las mejores formas de comprender la función pública de las bibliotecas sea recordar que su responsabilidad no termina en las puertas del edificio. También consiste en encontrar la manera de atender a quienes no pueden llegar hasta ellas.